La propuesta presidencial no podría aplicarse según los expertos, sin que se afecte el Pacto de San José de Costa Rica. Constitucionalistas, penalistas y otros especialistas se pronuncian en
contra de la propuesta de Alan García Pérez, y afirman que la aplicación de la pena máxima generaría un elevado nivel de violencia social.

Resulta indudable que la propuesta presidencial de castigar con la pena
de muerte a los terroristas ha levantado mucha polémica, una medida populista
altamente represiva, que manifiesta desafortunadamente el alto grado de
retroceso en el que nos encontramos en cuanto a la aplicación de los más
elementales parámetros político criminales, en materia de derechos humanos
criminológicos y procesales venimos atravesando.
Legislativamente hablando resulta inviable la aplicación de la referida
medida, por cuanto, ésta misma es totalmente lesiva de pactos internacionales
tales como el Pacto San José de Costa Rica, y además, que, si bien es cierto,
nuestra propia Constitución prevee, la pena capital para los casos de terrorismo,
en la Cuarta Disposición Final y Transitoria, prohibe la violación de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos. No puede ser posible que, a
inicios del siglo XXI, se retroceda de manera tan estrepitosa a la aplicación de la
Ley del Talión, la vida humana es un legítimo derecho, sobre el que ningún otro
hombre puede disponer, tenga el poder que tenga, la vida es un bien supremo
que debe ser respetado por sobre cualquier situación, debemos recordarle al
señor Presidente que, independientemente de sus promesas político partidarias y
demagógicas, no puede cometer una arbitrariedad semejante, un desenfreno
y desconocimiento de todos los parámetros legales internacionales que nuestro país
ha reconocido como parte de su proceso de evolución.